El derecho debe predominar sobre las pasiones
Este artículo lo escribí con mis compañeros Miguel Angel Navarro y Benito Morentín, de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz, en octubre de 2014. Es un artículo en que criticamos de forma contundente la política que sigue España de no investigar los delitos de tortura, por lo que reiteradamente es condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desgraciadamente, podríamos volver a enviar este artículo a los periódicos hoy. No ha perdido ninguna vigencia…
Jean-Baptiste Henri-Dominique Lacordaire, religioso, periodista y activista político francés, que restableció la orden de los dominicos en la Francia posterior a la revolución de 1789 -sin ser, por tanto, un revolucionario peligroso-, trabajó arduamente a favor de la libertad de expresión, de prensa y de educación y llegó a afirmar que “la libertad no es posible más que en aquellos países en que el derecho predomina sobre las pasiones”. Tenía mucha razón.
El pasado 7 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a pagar a Ohian Ataun Rojo 24.000 euros, y a Beatriz Etxebarria Caballero, 29.000 euros por daño moral, gastos y costas. Estas condenas se producen por no haber investigado debidamente las denuncias de tortura que ambos habían formulado; en el caso de Beatriz Etxebarria denunciaba, además, haber sido violada con un palo. A las cantidades citadas se añaden, desde el año 2010, otros 70.000 euros más costas, impuestos e intereses por retrasos que ha tenido que pagar el Estado español en otras tres sentencias anteriores del mismo tribunal, correspondientes a los casos de Mikel San Argimiro Isasa, Aritz Beristain Usar y Martxelo Otamendi Egiguren.
En opinión de Argituz, empero, no es el dinero lo determinante en esta cuestión. Lo determinante, lo relevante y lo preocupante es la gravedad de la reincidencia de un Estado que es condenado por no investigar un delito tan grave como la tortura.
¿Sería concebible que se decidiera no investigar los casos de malversación de fondos, prevaricación o apropiación indebida que tanto nos escandalizan últimamente? ¿Cabe imaginar que no se investiguen delitos de pederastia o violaciones con resultado de muerte? ¿Imaginan lectores y lectoras lo que pasaría si no se investigaran hurtos, robos o incluso faltas menores? Sería inconcebible, sin duda, exactamente igual que es inconcebible que no se investiguen denuncias de tortura. Si no se investiga, no se obtienen pruebas; si no se acumulan pruebas, difícilmente se pueden juzgar los hechos. Si no se juzgan los hechos, estamos ante una situación de impunidad. Si estamos ante una situación de impunidad, el delito no sólo se reproduce sino que no hay garantías de que no pueda ser una práctica común.
Hay, a nuestro entender, otra circunstancia reseñable: estas cinco sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se refieren a la no investigación de denuncias de torturas ocurridas en el marco del contexto vasco. La incomunicación facilita la práctica de la tortura, menoscaba severamente las garantías de los detenidos y dificulta la obtención de pruebas, lo que cierra el círculo de la impunidad. Se ha llegado a decir que “se lo tienen bien merecido”, o que “era preciso pagar ese precio en la lucha del Estado de Derecho contra ETA”. Afirmación, esta última, que responde a las pasiones a las que se refería Lacordaire, y que es contradictoria en sí misma, y muy perturbadora, porque si un Estado no investiga un delito y desemboca en la impunidad, sencillamente es que ha dejado de ser un Estado de Derecho. Es de suponer, además, que pronto veremos sentencias similares con otras denuncias de tortura, como en casos procedentes de las protestas sociales y de personas extranjeras, con el agravante de racismo en muchos de estos últimos casos.
Con la tortura el principal interés de la víctima durante el interrogatorio en el que es torturada es poder acabar con ella. En estas condiciones, el esclarecimiento real de los hechos por los que fue detenida también se ve comprometido. España ratificó la Convención contra la Tortura hace tres décadas, y se han dado sucesivas modificaciones legales sobre este delito, pero la realidad es que se sigue sin investigar. Quedan además comprometidos tanto el respeto a los derechos humanos como el esclarecimiento real de los hechos, y los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y más aún cuando, junto con otras asociaciones, en un reciente informe hemos documentado científicamente la veracidad de 45 denuncias.
El ministro español de Justicia, ha asegurado que estudiará si los servicios jurídicos del Estado recurren la sentencia del mencionado Tribunal. Esperemos que, siguiendo la recomendación de Lacordaire, los servicios jurídicos del Estado se rijan por el derecho y no por las pasiones, y recomienden al gobierno que acate las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de múltiples otros organismos internacionales para terminar con la tortura. Sólo así dejará el Reino de España de ser llamado a capítulo una y otra vez por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no cabe echar la culpa a las pasiones cuando se trata de impunidad.
Por Andrés Krakenberger*
* Firman también este artículo Miguel Angel Navarro y Benito Morentín, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz
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