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Que la tortura no se investigue en un Estado de Derecho no es de recibo

Reproduzco aquí la entrevista que me realizó David Guadilla, de El Correo, publicada en ese periódico el 26 de diciembre de 2014. Aunque ha llovido mucho desde entonces, mucho me temo que buena parte de las preguntas -y las respuestas- siguen siendo de plena actualidad…

Andrés Krakenberger compareció recientemente en el Parlamento como miembro de la asociación Argituz para presentar un informe sobre la tortura en España que no deja en muy buen lugar ni a las fuerzas de seguridad ni a los forenses de la Audiencia Nacional ni a los jueces. El dossier, en cuya elaboración también han participado la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el Grupo de Acción Comunitaria, Ekimen Elkartea, Jaiki Hadi, Osasun Mentalaren Elkartea y Osalde, documenta 45 casos de malos tratos por diferentes cuerpos policiales. La credibilidad de los testimonios se establece mediante el conocido como “protocolo de Estambul”’, un manual reconocido por Naciones Unidas en el año 2000 para confirmar las torturas mediante un cruce de entrevistas en las que participan especialistas de diferentes campos (médicos, psicólogos, psiquiatras…). Krakenberger, expresidente de Amnistía Internacional en España, advierte que los abusos por parte de la Policía no es algo «puntual» en nuestro país.

– ¿España ha sido permisiva con la tortura?

– Todo da a entender que sí. Es muy inquietante que llevemos ya cinco sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España, no ya por torturar, sino por ni siquiera investigar las denuncias. Mucha gente me suele decir: «Bueno, pero no se le ha condenado por torturar». Como quitándole importancia. ¿Cómo reaccionaría la gente si un tribunal denunciase a España por no investigar casos de corrupción? Sería inaceptable, ¿no?

– Esos 45 casos, ¿son excepcionales o demuestran que hay una tortura sistemática?

– Yo tendría mucho cuidado con el adjetivo sistemática. Lo que sí demuestra es una pauta de denuncias persistentes en el tiempo que no se pueden descartar por el hecho, como ha sido en el contexto del País Vasco, de que ETA daba instrucciones de denunciar torturas, las hubiese habido o no. Hay que entender que España ratificó hace casi treinta años el Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas, que establece la obligación de investigar todas las denuncias. La tortura en España no se puede calificar como algo puntual que ocurre muy de vez en cuando. Tenemos un problema grave. Ha habido delitos y tienen que ser investigados. Y esta situación en un estado de Derecho no es de recibo.

– Su informe deja en muy mal lugar no sólo a la Policía, sino también a los forenses de la Audiencia Nacional, por ejemplo, y a los jueces, ¿no?

– Las entrevistas de los forenses en la Audiencia Nacional no se daban en una situación en la que el detenido pudiese hablar con el médico de forma privada. Más bien al contrario, con la puerta abierta, con el policía mirando. En otras ocasiones, el propio agente advertía al detenido de «cuidadito con lo que dices…». Es evidente que algo falla.

– Pero si eso es así, los forenses de la Audiencia Nacional habrían tenido una labor, digamos, poco diligente. Es una insinuación bastante seria.

– Yo he hablado con algún médico y me ha dicho que da un poco la sensación de que esos profesionales no cumplieron del todo correctamente su juramento hipocrático.

– ¿Y el papel de los jueces?

– El informe también arroja dudas en ese sentido. Algo ha fallado en la totalidad del Estado de Derecho para que se haya producido todo eso que hemos demostrado en el informe.

– La situación en España, ¿es diferente a la de otros países de nuestro entorno?

– Hay países de nuestro entorno que tienen mecanismos independientes de investigación para aclarar cualquier posible delito cometido por un miembro de las fuerzas de seguridad. Pero si la Policía encargada de investigar denuncias de tortura es la misma que la denunciada… También ahí falla el sistema.

– ¿Qué otro tipo de medidas habría que poner?

– La rueda se inventó hace ya mucho tiempo. Son fórmulas que llevan años recomendándose. Por ejemplo, instalar una video vigilancia y un sistema de audio para controlar todo el trayecto de un detenido. Supone una garantía mutua: del detenido de no ser maltratado y del funcionario de no ser acusado falsamente.

– ¿En qué medida influyó la existencia de ETA para que a las denuncias por torturas nunca se les haya dado credibilidad? ¿El dolor causado por la banda terrorista insensibilizó ante la tortura?

– Puede ser hasta una reacción humana. Pero un Estado de Derecho tiene que ser un Estado de Derecho, no tiene que dejarse llevar por las emociones. Esto es fundamental. Jean Baptiste Lacordaire (político y religioso francés del siglo XIX) ya dijo que la libertad solo es posible en aquellos países en los que el
Derecho prevalece sobre las pasiones.

Error conceptual

– ¿Cree que existe una cierta permisividad social con respecto a la tortura a nivel general o ante determinadas situaciones muy trágicas? Durante la investigación del caso Marta del Castillo, muchos ciudadanos no dudaban en afirmar que la Policía tenía que sacar la información a los sospechosos cómo fuese.

– Eso, aparte de dejarse llevar por las pasiones, también es un error conceptual clarísimo. Como método de investigación, ¿uno realmente puede creer que una información obtenida con torturas es fiable? El primer interés de una persona que está siendo torturada, ¿cuál es? ¿Dar información veraz o que le dejen de torturar? No sirve como método de investigación.

– Algo sí parece que está cambiando. La pasada legislatura ya se redactó en Euskadi una ley de reparación de las víctimas de abusos policiales.

– Bueno… Hay una serie de principios de Naciones Unidas sobre la reparación de las víctimas que son el origen de la triada de derechos que manejamos mucho aquí: verdad justicia y reparación. Pero en las directrices básicas de Naciones Unidas aprobadas en 2005 hay un cuarto derecho. Uno que no sé por qué en nuestro entorno se nos olvida: la no discriminación. Lo bueno de la ley impulsada por el Gobierno de Patxi López fue que era el primer decreto que hablaba de estas cuestiones, pero se paraba en 1978. Y es un error de bulto pensar que no se producen vulneraciones de derechos humanos en democracia.

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