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Que ETA llame a denunciar torturas no justifica que no se investiguen

Jorge Sainz, de Diario Vasco, me entrevistó en noviembre de 2014. La entrevista, publicada en ese periódico el 13 de noviembre de 2014, se produce después de la comparecencia de Pau Perez, Miguel Angel Navarro, Maitane Arnoso y un servidor de ustedes ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para presentar el informe elaborado conjuntamente por las asociaciones Argituz, AEN, Ekimen Elkartea, GAC, Jaiki-Hadi, OMEOSALDE titulado “Incomunicación y Tortura: Análisis Estructurado en Base al Protocolo de Estambul”, cuya versión en inglés se puede ver aquí y en euskera aquí. Desgraciadamente, las preguntas -y las respuestas- siguen siendo plenamente vigentes a día de hoy.

Andrés Krakenberger (Lima, Perú, 1957) compareció ayer en el Parlamento Vasco junto a representantes de otras organizaciones para presentar el informe “Incomunicación y Tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul”. Un informe presentado en septiembre en Madrid y que ha dado veracidad a 45 denuncias de torturas en Euskadi entre 1982 y 2010. El texto, con criterios científicos y elaborado por médicos forenses, psicólogos y psiquiatras fue elaborado por Argituz, asociación pro derechos humanos que preside Krakenberger, además de por la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Ekimen Elkartea, Jaiki Hadi, Grupo de Acción Comunitaria, Osalde, Osasun Mentalaren Elkartea y el departamento de Psicología Social de la UPV-EHU.

–¿Qué es el protocolo de Estambul?
–Un conjunto de normas y recomendaciones de médicos, psicólogos y psiquiatras forenses, y aceptado como método idóneo por parte de la ONU para poder valorar, incluso años después de los hechos, la veracidad de las denuncias de torturas y que, a la hora de tener un elemento probatorio, se acepta como método.

–Es un tema de debate candente en Euskadi.

–En el País Vasco está sometida a una enorme polarización política y, además, hay «una denuncia de que ETA daba instrucciones a sus miembros de denunciar torturas, las hubiera habido o no. Pero esto último no justifica de ninguna manera que no se investiguen las posibles torturas. Se cumplen 30 años desde que España ratificara el Convenio contra
la Tortura y ahí se establece que tiene la obligación de investigar todas las denuncias. España acumula ya cinco sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar. ¿Qué sentiríamos si se comprobara que hay instrucciones
de no investigar la corrupción, por ejemplo? Sería un escándalo gravísimo. Pues con la tortura pasa lo mismo.

–¿Se puede hablar de práctica sistemática de la tortura en España, como denuncian organizaciones de apoyo a presos de ETA o la izquierda abertzale?

–Me falta información para llegar a poder usar ese adjetivo, pero sí ha sido persistente en el tiempo. Las denuncias son muy frecuentes. Ahora se producen más en el ámbito de las protestas sociales por la crisis. Luego están las denuncias de extranjeros, generalmente indocumentados, y cuyo denominador común es el color de la piel. El tercer grupo, que hoy no está produciendo ya tantas denuncias, es el derivado de la situación de violencia del País Vasco, que es el más complicado de esclarecer por la polarización política y lo que comentaba de la denuncia de que ETA daba instrucciones.

–¿El hecho de que ETA asesinara ha influido en España a la hora de minusvalorar la gravedad de las torturas a detenidos?

–Es posible que sea uno de los motivos. Hay que recordar la cita del religioso y activista político Jean-Baptiste Lacordaire,
de la época de la Revolución Francesa, que afirmó que la libertad no es posible más que en aquellos países donde el
Derecho predomina sobre las pasiones.

–¿Qué medidas deben adoptarse para erradicar la tortura? ¿Eliminar la incomunicación a los detenidos?

–Tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura o Amnistía Internacional han dicho bien claro que la incomunicación es una de las situaciones que dan pie a torturas. Por tanto, es deseable que no haya un régimen de incomunicación. Pero hay otras medidas que no son complejas ni caras,
sino que dependen de la voluntad política, como la vigilancia en vídeo y en audio del recorrido del detenido desde el arresto. Sería una garantíamutua, ya que también evitaría que los funcionarios fueran denunciados
falsamente.

–Otro debate abierto en Euskadi es si cabe o no la equiparación, por ejemplo, entre personas asesinadas
por ETA o detenidos de esta organización torturados.

–La palabra equiparación nunca la he acabado de entender. Mi instrumento de trabajo son los principios básicos sobre los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos que aprobó la ONU en 2005. Se habla de verdad, justicia y reparación, pero también del principio de no discriminación. Si una persona ha tenido sus derechos básicos a la vida y a la integridad física y psíquica conculcados, el hecho de que los perpetradores sean distintos es ya de por sí una diferenciación, pero que no implica que no les asistan los mismos derechos.

Entrevista de Jorge Sanz, Diario Vasco, a Andrés Krakenberger Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz

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