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Cambiar de registro

Allá por Julio de 2011 firmábamos este artículo Jon Landa, Sabino Ormazabal, Xabier Urmeneta, Bertha Gaztelumendi, Ella Clarke, Pedro Larraia, Fernando Armendariz, Iñaki Lekuona, Benito Morentin y un servidor. La intención del artículo es propiciar un cambio de registro en las políticas públicas de víctimas que reme a favor de la paz en el País Vasco. 

Los cambios no siempre son fáciles, y la persona es un ser de costumbres que prefiere seguir caminos ya trillados, aunque las circunstancias sean diferentes. Esto, a menudo se produce por pura inercia, o por convicción, por no estar de acuerdo con el cambio, o por intereses espurios, y hay casos en que puede ser por negligencia o por la falta de instrucciones sin más: nadie se acordó de decir al que cumplía órdenes que éstas ya no estaban vigentes. Así, a veces cambia el escenario, se modifica el entorno, varía el aire que se respira, pero el individuo permanece inmutable, con la misma programación y, por tanto, no altera su comportamiento, lo cual, además, lo sitúa fuera de la realidad. Las experiencias de otros países, ciertamente, no son comparables con la situación de aquí, pero sí pueden proporcionarnos unos claros indicadores de lo que debemos evitar a toda costa: que la inercia o la negligencia saboteen un escenario de respeto a los derechos humanos al que todos queremos llegar.

En agosto de 1998, ya firmado el Acuerdo de Viernes Santo, el IRA Auténtico, escisión del IRA Provisional, perpetró un atentado con coche bomba en Omagh, en el que 29 personas (incluida una mujer embarazada de gemelos) murieron y 220 resultaron heridas. En Sudáfrica, la violencia política generalizada añadió tensión durante las negociaciones. A los enfrentamientos entre el Congreso Nacional Africano y el Partido Nacional Inkhata se añadía la violencia de elementos de la derecha blanca. Chris Hani, considerado por aquel entonces sucesor de Nelson Mandela, fue asesinado por un blanco europeo relacionado con el AfrikanerWeerstandsbewegung (AWB), y este hecho estuvo a punto de sumir al país entero en el caos más absoluto. Amnistía Internacional documentó que, en el año 1994, al menos 2.683 personas perdieron la vida como consecuencia de la violencia política, y un tercio de esas muertes se produjeron después de las primeras elecciones sin apartheid que se celebraron el 27 de abril. También se produjeron en ese año numerosos informes de torturas a detenidos por motivos políticos y por delitos comunes, y estas denuncias implicaban especialmente a agentes gubernamentales.

Afortunadamente, aquí la situación es diferente. Entre otras cosas, porque no vivimos esos niveles de violencia, aunque estamos muy principio de un proceso que hay que proteger a toda costa de quienes no cambian de registro a pesar de los cambios habidos. Para algunos el cambio no ha empezado y, para otros, ya casi está culminado. En todo caso es evidente que, si queremos llegar al deseado escenario de respeto efectivo de los derechos humanos, tenemos que movernos hacia él y blindarlo contra los imprevistos que pueden generar quienes no saben, o no quieren saber, de cambios de situación.

Son muchas aún las asignaturas pendientes en materia de derechos humanos sobre las que debemos avanzar en esta nueva fase. ETA tiene que poner en marcha su salida definitiva del escenario, haciendo verificable internacionalmente su alto el fuego, como primer paso hacia un desarme definitivo que debe producirse mañana, mejor que pasado mañana. Seguimos esperando un proceso de descubrimiento y socialización de la verdad que abarque los crímenes de Estado, los de ETA, la tortura, las amenazas… y que ha de incluir a los perpetradores directos, pero también a los responsables jerárquicos que ordenaron esos hechos. En este país no tiene que haber gente escoltada por causa de su adscripción social o política, y tampoco debe haber gente –sea concejal de Elorrio o perteneciente al movimiento juvenil, por ejemplo– que tema con fundamento, por un motivo u otro, que sus derechos humanos básicos vayan a ser vulnerados. Asimismo, hay que extender este ejercicio de esclarecimiento a otros hechos en los que participaron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.Es hora de mirar de frente a las víctimas que quedaron en la cuneta de la historia reciente, y cuyos dolores y sufrimientos han sido negados hasta ahora por considerar que no era el momento, o no era conveniente o que sus casos no eran iguales a los otros. No pueden caer en el olvido las personas que murieron o fueron heridas en controles de carretera, por mera “confusión”, en altercados fuera de servicio, durante manifestaciones y movilizaciones diversas, y ese escrutinio debe realizarse utilizando, como vara de medir, instrumentos del derecho internacional generados en el seno de Naciones Unidas, tales como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley o los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

También hay un déficit de verdad en lo referido a los atentados, secuestros, torturas, amenazas, agresiones sexuales e intervenciones en manifestaciones de grupos parapoliciales, ultras, “incontrolados” y otros. Tanto estos hechos, comolas responsabilidades por acción u omisión en los mismos, deben ser esclarecidos. El derecho a la verdad tiene, desde el 30 de marzo de este año, un día de reconocimiento, el del aniversario del asesinato de Monseñor Romero en El Salvador, y ese reconocimiento es necesario hacerlo efectivo también aquí. Hay igualmente un serio déficit de verdad en el mundo de las cárceles. La situación de los centros penitenciarios a lo largo de nuestra historia reciente también debe ser analizada a la luz de la normativa de Naciones Unidas: el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, así como los Principios Básicos y Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Y tampoco los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo deben quedar fuera de este esfuerzo generalizado por conocer toda la verdad.

Solo a medida que se vaya estableciendo la verdad sobre todos estos hechos, podremos realmente poner en marcha medidas de justicia y reparación a las que tienen derecho no sólo las víctimas, sino toda la sociedad en su conjunto. Solo así podremos de verdad curar las heridas.Y el único modo de lograrlo es con diligencia e iniciativa, dejando claro que las propias convicciones, la ausencia de instrucciones oficiales o la negligencia, de ningún modo pueden servir de pretexto para privar a la sociedad de su legítimo anhelo: que todas las personas que la conforman disfruten íntegramente de todos los derechos humanos.

Por Andrés Krakenberger*

* También firman este artículo Jon Landa, Sabino Ormazabal, Xabier Urmeneta, Bertha Gaztelumendi, Ella Clarke, Pedro Larraia, Fernando Armendariz, Iñaki Lekuona y Benito Morentin en nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz

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