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Crisis y políticas públicas de infancia

En diciembre de 2013 firmé este artículo junto con mis compañeros de Argituz Eva Silván y Josu Oskoz. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas había publicado su Observación General. En dicho documento se establecía claramente que el interés superior de los niños y niñas debía ser la consideración primordial en todas las políticas públicas sobre la infancia. Nos parecía que un planteamiento tan importante no podía pasar desapercibido en los medios de comunicación y por ello sacamos este artículo…

El pasado mes de mayo el Comité de los Derechos del Niño, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Parte, publicó la esperada Observación General sobre el derecho de los niños y niñas a que su interés superior sea una consideración primordial. Observación que pone fin a una interpretación hasta ahora arbitraria del término e incorpora, además, una llamada a los Estados para su difusión lo más amplia posible.

En nuestra opinión, en momentos como el actual de crisis y recortes, cuando crecen la desigualdad y la exclusión de los colectivos más vulnerables, y cuando cada vez más niños y niñas se ven arrojadas a la pobreza, cabe destacar algunas de las ideas que en dicha Observación General se recogen y que deberían guiar todas las políticas públicas de infancia.

La Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional que reúne el mayor número de Estados (tan solo dos países en el mundo no han ratificado la Convención: Somalia y Estados Unidos ), otorga a los niños y niñas el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas …” , siendo éste, además, uno de los cuatro principios generales de la Convención. (Artículo 3, párrafo 1)

El Comité subraya que el interés superior del niño o niña (toda persona menor de 18 años sujeta a la jurisdicción de un Estado sin discriminación alguna) es un concepto triple. En primer lugar, constituye un derecho sustantivo: el derecho del niño o niña a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que les afecte, estableciéndose una obligación intrínseca para los Estados, de aplicación directa, que puede además invocarse ante los tribunales.

En segundo lugar, un principio jurídico interpretativo fundamental, de tal forma que si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño o la niña concernida.

Finalmente, constituye una norma de procedimiento, de forma que siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a la infancia, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o la niña interesada.

La obligación de los Estados que han ratificado la Convención de tener debidamente en cuenta el interés superior del niño es un deber general que abarca a todas las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos que se ocupen de los niños o les afecten, que deben, además, adoptar todas las medidas necesarias, expresas y concretas para hacer plenamente efectivo este derecho.

Teniendo siempre en cuenta los puntos de vista y opiniones del niño o la niña, el objetivo es velar por que en cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior sea una consideración primordial a que se atenderá, en particular en las decisiones judiciales y administrativas, así como en otras medidas que les afecten, y en todas las etapas del proceso de aprobación de leyes, políticas, estrategias, programas, planes, presupuestos, iniciativas legislativas o presupuestarias, relativas a la infancia.

Para que el interés superior del niño sea una consideración primordial a la que se atienda al promulgar disposiciones legislativas y formular políticas en todos los niveles de los poderes públicos, así como en su aplicación, se requiere un proceso continuo de valoración de los efectos sobre los derechos del niño o niña, a fin de prever las consecuencias de cualquier proyecto de ley, política o asignación presupuestaria en el disfrute de sus derechos, e igualmente, un proceso de evaluación de los efectos sobre sus derechos.

Veamos un ejemplo particularmente relevante en el actual contexto de crisis económica y recortes presupuestarios. El ahora famoso Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo (Francia) suspendió cautelarmente el desalojo de una casa ocupada en Salt (Girona) por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) perteneciente al SAREB (Banco Malo), ante la evidencia de que el Estado no garantizaba el derecho a la vivienda de las personas que viven en el bloque (entre ellas 21 menores). El Tribunal exigía al Estado que demostrase como garantizará el derecho a la vivienda y la protección de los menores que residen en el bloque.

De igual forma, cabría esperar que todas las administraciones del Estado consideren el derecho de niños y niñas a que su interés superior sea considerado de forma principal ante por ejemplo recortes en sanidad, educación o en políticas públicas de lucha contra la pobreza y la desnutrición infantil. Recordando además que la pasividad o inactividad, por ejemplo cuando las autoridades no toman medidas para proteger a la infancia frente a la desnutrición, el abandono o cualquier forma de violencia, suponen una omisión manifiesta de su derecho a que sea considerado su interés superior. No en vano, la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Español en 1990) impone una sólida obligación jurídica a los Estados que no pueden decidir a su discreción cuando el interés superior de la infancia es una consideración primordial a la que debe atribuirse la importancia adecuada en cualquier medida que se tome.

Como señala la propia Observación General el propósito es promover un verdadero cambio de actitud que favorezca el pleno respeto de las niñas y los niños como titulares de derechos. Enorme reto que requiere diferentes medidas, tales como la modificación, en su caso, de la legislación, establecer procedimientos de denuncia y reparación, reafirmar el interés superior de niños y niñas en la asignación de los recursos o proporcionar la suficiente información y capacitación a todas las personas responsables de la toma de decisiones que afectan directa o indirectamente a la infancia.

Desde Argituz queremos, una vez más, reclamar que se aplique a todas las políticas públicas – también a las de infancia- un enfoque basado en los derechos humanos, y que las personas, todas, ocupen en él un lugar central.

Josu Oskoz, Eva Silván y Andrés Krakenberger, Asociación Pro Derechos Humanos Argituz

Artículo publicado en

 Diario Vasco 24 Diciembre 2013