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Empresas, gobiernos y derechos humanos

Este es un artículo que tuve el placer de firmar junto con mis amigas y compañeras en Argituz, Olatz Landa, Izaskun Alonso y Eva Silván allá por Octubre de 2013. Las empresas son tanto sujetos como agentes en materia de derechos humanos. Ya era hora de que reflexionáramos al respecto, y también en términos locales.

Dicen que un producto sin marca no se vende. Nosotros diríamos aún más: que los derechos humanos deberían formar parte del ADN de toda marca.

Es cierto que existen leyes y políticas que regulan la creación de empresas y sus actividades, pero los impactos de las corporaciones sobre los derechos humanos han sido y son escasamente abordados. Tras décadas de lucha contra la impunidad con la que ciertas empresas han campado a sus anchas en su búsqueda del mero beneficio económico, parece que -poco a poco- reclamar a las empresas responsabilidades, perseguir las vulneraciones de derechos humanos que puedan cometer o propiciar, y exigir reparaciones, podría dejar de ser sólo un desiderátum. Tal ha sido el caso, por ejemplo, en Bangladesh donde, tras lo ocurrido en Rana Plaza, 80 marcas transnacionales se han visto presionadas a firmar un acuerdo para mejorar la seguridad en las fábricas. Aunque la reparación a las víctimas y familiares es otra historia aún pendiente. Y seguimos guardando en la memoria casos como los de Bhopal, Chernobyl o Nigeria.

Cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en junio de 2011 los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, su gran aportación radicó en precisar tres obligaciones básicas para los estados y para las corporaciones: 1) proteger contra conculcaciones de los derechos humanos, responsabilidad que atañe a los gobiernos; 2) respetar los derechos humanos, responsabilidad que atañe a las empresas y otras entidades; y 3) remediar las conculcaciones que se produzcan, que atañe a todos, gobiernos y empresas incluidos. Y siguiendo ese impulso, la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa formulada por la Unión Europea en 2011 emplazó a los Estados miembros a elaborar planes nacionales para materializar esos Principios Rectores.

Cuando más de dos terceras partes de los estados europeos tienen ya sus propios planes, el Estado español todavía está en proceso de elaboración. La Oficina de Derechos Humanos del Gobierno de España, encuadrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, prevé que el Plan Nacional de Empresas y de Derechos Humanos esté concluido a finales de este año. Pero esta iniciativa, que en principio podría parecer positiva, está llevándose a cabo mientras se ponen en marcha medidas gubernamentales que sitúan a la ciudadanía en una posición de mayor desprotección y vulnerabilidad; medidas tales como la reforma laboral y otras prácticas que favorecen recortes de derechos y la privatización de los servicios y recursos públicos, primando los intereses empresariales frente al interés público. ¿Dónde quedan las obligaciones en materia de derechos humanos? ¿Y la coherencia política ?

El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos se está elaborando sin realizar un diagnóstico previo de la situación a abordar, y su borrador se limita a enumerar una serie de objetivos genéricos que ya vienen detallados en el derecho internacional, sin avanzar en la necesaria garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales frente a posibles riesgos y conculcaciones incurridas por las empresas. El objetivo de todo plan elaborado por una administración pública debería ser el bien común, planteando mejoras tangibles para incidir de forma efectiva sobre aquellos derechos y colectivos real o potencialmente afectados por las actividades empresariales -personas empleadas y su entorno, consumidores, comunidades, colectivos en situación de riesgo o vulnerabilidad… Debería definir medidas concretas que conlleven asegurar la coherencia política horizontal y vertical, garantizar mecanismos de reclamación y reparación efectivos, fortalecer la reglamentación y capacidades, desarrollar herramientas de aplicación, asegurar el control y la vigilancia o sensibilizar a la ciudadanía, entre otras. En definitiva, medidas que contribuyan a la protección y el respeto de los derechos humanos de todos y todas sobre la base de un análisis de la realidad que responda a las necesidades particulares de cada colectivo o agente, en todos los lugares del mundo: acabar con las rentas diferenciadas entre el colectivo asalariado; con la desigualdad en el acceso, condiciones y salario entre mujeres y hombres; con la esclavitud infantil; con las normativas discriminatorias contra las personas inmigrantes; con la contaminación ambiental impune…

Más allá del resultado final del proceso en el ámbito estatal, el Gobierno Vasco se encuentra en la actualidad ante una interesante oportunidad de promover y estimular ciertos tipos de producción y consumo, y penalizar otros. Teniendo en cuenta el interesante proceso que estamos viviendo en Euskadi los últimos tiempos, pensamos que una de las señas de identidad de la marca Euskadi Basque Country que se está impulsando, debería ser el respeto de todos los derechos humanos de todas las personas. Por ello, desde Argituz, emplazamos al Gobierno Vasco, desde su corresponsabilidad, a diseñar y desarrollar medidas colaborativas que garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales en las empresas vascas en toda su área de influencia, aquí y en los territorios donde operan, y que conlleve garantizar esos mismos derechos a quienes subarriendan, suministran y abastecen. Sólo así podremos aportar el “valor añadido” que busca diferenciar y hacer más competitivas a las empresas.

Máxime en el contexto actual, marcado por la crisis económica: los criterios de respeto a los derechos humanos no deberían ser percibidos como una carga adicional e inasumible, sino que constituyen -creemos- un plus estratégico para nuestra imagen de País y para la sostenibilidad local y de todo el planeta en su conjunto. Es cuestión de compromiso con un progreso más visionario y justo, basado en modelos de desarrollo humano garantistas, integradores e innovadores.

Por Izaskun Alonso, Olatz Landa y Andrés Krakenberger

Artículo publicado en