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La tortura ya no es cuestión de fe

Este artículo, que firmamos mi compañero y amigo Benito Morentín y yo, fue el primer artículo sobre tortura que realizó la Asociación pro Derechos Humanos Argituz y representó el inicio de un trabajo en la materia que con el tiempo desembocaría, tras aliarse en ese mismo trabajo con otras asociaciones (AEN, Ekimen Elkartea, GAC, Jaiki-Hadi, OMEOSALDE) en el Informe «Incomunicación y Tortura: Análisis Estructurado en Base al Protocolo de Estambul» cuya versión en inglés se puede ver aquí y en euskera aquí.

Recientemente, algunos jueces de la Audiencia Nacional, en la sentencia del caso Egunkaria, aseguran que con los informes forenses en la mano no se explican cómo no se investigó y controló qué estaba pasando en los calabozos. La última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 septiembre 2010 (caso San Argimiro Isasa) señala la responsabilidad del Estado y cuestiona el porqué no se investigó. Pero la tortura no solo afecta a la aplicación de la normativa antiterrorista. Es desgraciadamente muy conocido el caso de Rita Margarete Rogeiro, violada durante su detención en la comisaría de Indautxu y cuyo caso documentó Amnistía Internacional. El Tribunal Supremo, finalmente, no pudo condenar al autor por falta de pruebas y se resignó a constatar el «gravísimo delito de violación » y a lamentar que quedara sin castigo a causa de «trasnochadas ideas corporativas o falso compañerismo» de los policías que se encubrieron unos a otros.

El punto clave es, por tanto, la impunidad: quienes han torturado hasta ahora parece que pueden contar con que las denuncias no serán investigadas y que la sospecha sobre los denunciantes terminará por encubrir los casos.  Pero para investigar hay que tener fe. Debe haber una convicción interna apoyada en los hechos indiciarios; un impulso democrático y ético para despejar la duda y confirmar o descartar que el policía actúa como debe. Y debe poderse hacer por encima de las versiones de que esa investigación mancharía el nombre de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Sin embargo, el fenómeno de la tortura por parte de agentes policiales sigue estando sometido a versiones contradictorias. Durante toda la transición y hasta nuestros días, nunca hubo reconocimiento de las víctimas ni de esta dolorosísima realidad. Y de forma natural se pasó página con el advenimiento de la democracia, ganando progresivamente cuerpo la postura oficial según la cual las denuncias son falsas y, posteriormente, en el marco de la lucha antiterrorista, que responden a una directriz de ETA. Frente a esa postura oficial, las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y los órganos oficiales de monitoreo (Naciones Unidas, Consejo de Europa.) que han investigado la actuación de los cuerpos policiales, han mostrado en sus informes la persistencia de dicha práctica y han propuesto modificaciones legislativas y mecanismos de control que no se han llevado a cabo de manera general. La tortura fue una práctica sistemática durante la transición y hasta los años 80, pasando desde entonces y hasta la fecha a constituir una práctica no meramente esporádica.

Así las cosas: ¿a quién hay que creer? En octubre de 2007 el Parlamento Vasco encargó a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco un informe sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política. Este Informe, presentado en junio de 2008, fue actualizado y complementado con otro anexo: «Tortura: una aproximación científica», en el cual se analizaron los datos de más de 900 detenciones en régimen de incomunicación en el periodo 2000-2008, cerca de 300 testimonios escritos (denuncias judiciales); más de 500 informes médico forenses y unas 200 declaraciones judiciales ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por parte de un grupo de expertos forenses en medicina legal. El novedoso método de análisis consistió en un filtrado de toda esa información a la búsqueda de relatos coherentes y fiables. Si quienes dicen ser torturados mienten, el chequeo de las distintas fuentes (lo que dicen en la denuncia, lo que dicen los forenses, lo que recogen los jueces..) acaba detectándolo.

De un universo de aproximadamente 1.000 detenciones, el material analizado es abundantísimo y por tanto su fiabilidad en términos estadísticos muy elevada. Pues bien, las conclusiones son claras: los datos dibujan patrones de malos tratos y tortura según cada cuerpo policial (diferente en la Guardia Civil con un patrón mucho más duro por ejemplo), según determinados periodos históricos, según se prolongue o acorte la incomunicación, según sean los detenidos hombres o mujeres. También cuando se han aplicado protocolos de prevención, como el llamado ‘protocolo Garzón’, los datos dan como resultado la práctica ausencia de denuncias de tortura. La conclusión es clara: todo no puede ser una mentira tan refinada y ramificada de manera que, por ejemplo, sepa el denunciante mentir según le incomuniquen uno o cinco días; sea o no miembro de ETA; según quién sea el juez de instrucción de la Audiencia Nacional; según le detenga la Ertzaintza, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Todo lo señalado está escrito, argumentado y obra en manos de las instituciones. El tabú de que denunciar y actuar con eficacia contra la tortura perjudica la política antiterrorista y mancilla a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha creado un muro de indiferencia e impunidad.

No sería poca aportación si esta reflexión pudiera servir para socializar que hay metodologías científicas que, más allá de la Administración de Justicia, ya han permitido, vía órganos de control y monitoreo de los derechos humanos o vía estudios forenses, crear la base de evidencia para la investigación. Existe un precedente en Chile con la creación de la Comisión Valech (presidida por Sergio Valech, obispo fallecido el pasado 24 de noviembre) que investigó retrospectivamente los casos de tortura.

Ahora toca sacar consecuencias y para ello el Gobierno Vasco tiene además una oportunidad de oro con el informe de las víctimas de violaciones de derechos humanos de próxima difusión. En el caso de la tortura, el silencio se oye. Es tiempo para avanzar en esta línea y que las víctimas de la tortura y los malos tratos tengan su lugar en el contexto del reconocimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, sea por parte de ETA, grupos de extrema derecha o agentes del Estado. Y no queden de nuevo en la cuneta de la historia.

Benito Morentin / Andrés Krakenberger en nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz 

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