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Presos de conciencia, presos políticos, y políticos presos

Este es un artículo que escribí allá por mayo de 2013 con mi compañero y amigo de Argituz, Sabino Ormazábal. Iba a haber un debate en el Parlamento Vasco sobre la existencia o no de presos políticos, lo que ha sido -y sigue siendo- un término utilizado por la izquierda independentista para referirse a miembros de ETA encarcelados. Mientras tanto, quienes se oponían -ý siguen oponiéndose- al uso del término «preso político» en este contexto, se basan en un recurso un tanto pintoresco consistente en considerar que no existe tal cosa como un preso político dentro de una democracia. 

Reiteradamente se viene debatiendo si tiene carácter político o no el encarcelamiento de determinadas personas. Aquí, en nuestro entorno inmediato, se ha argumentado que en una democracia no cabe ni el concepto de preso político ni el de víctima de violencia de motivación política. Debates conceptuales y apasionados como éstos, aun siendo importantes, nos impiden avanzar hacia una democracia en la que no se produzcan conculcaciones de derechos humanos, o -al menos- que se produzcan muchas menos. Además, la pasión denota sentimiento, y el sentimiento no siempre atiende a lo racional. Por tanto, pensamos que, para poder avanzar, hay que intentar introducir en el debate un ingrediente racional.

¿Puede haber presos políticos y víctimas de violencia política en una democracia? Claro que sí. Ningún sistema de gobierno es perfecto, y la democracia tampoco lo es. A eso se refería Winston Churchill cuando afirmaba que la democracia no era el mejor de los sistemas, pero sí el menos malo. Así que, cuanto más mejoremos la democracia, menos imperfecciones tendrá; y también habrá menos casos de víctimas de violencia de motivación política, y menos presos políticos. Una democracia supuestamente tan bien reputada como la británica ha ocasionado víctimas de violencia de motivación política y presos políticos. Recuérdense si no los casos de los seis de Birmingham, los siete de Maguire y los cuatro de Guilford.

Acaso, los diferentes puntos de vista sobre lo que -en rigor- no debería pasar de ser una mera clasificación semántica de categorías penitenciarias, tengan su origen en las revoluciones burguesas contra las monarquías absolutas de origen divino, cuando mucha gente fue encarcelada por oponerse a lo que entonces era el status quo imperante. Entre los que se enfrentaban a esas monarquías absolutas había quien lo hacía utilizando pluma y papel, y había quienes optaron por las armas. Nadie discutía, no obstante, el carácter político de la reclusión que ello originaba. Se les penaba por querer un cambio. De las monarquías absolutas pasamos a las dictaduras, a las monarquías parlamentarias y a los regímenes republicanos. Regímenes, todos ellos, con mayores o menores dosis de democracia; mayores o menores índices de víctimas de violencias de motivación política, y también de presos políticos.

Conviene que las definiciones estén claras: preso de conciencia es cualquier persona encarcelada por su raza, religión, color de piel, idioma, orientación sexual o credo, siempre que no haya practicado la violencia ni abogado por ella. Tan importante, en la definición, es la motivación como el hecho de no haber practicado la violencia ni haberla defendido. Preso político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otra forma, por ejemplo bajo arresto, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea éste de la naturaleza que sea. Hay presos de conciencia que no son presos políticos: por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, se encarceló por su credo religioso a personas que no se oponían al régimen político. Hay presos políticos que no son presos de conciencia, porque en su oposición al régimen utilizaron la violencia o abogaron por ella. Nelson Mandela no practicó personalmente la violencia, pero en determinada fase de su vida abogó por ella en su programa político, lo cual le convirtió, cuando fue encarcelado, en preso político, pero no en preso de conciencia. Tampoco hay que confundir la categoría de preso político con la de político preso. Radovan Karadži?, por mucho que sus motivaciones fueran políticas, fue encarcelado por graves excesos en forma de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en defensa (no en contra) de un status quo político determinado, desde una posición de responsabilidad como parte de ese mismo status quo. Eso lo convirtió en un político preso, no en un preso político.

Se han dado casos también de personas que se han incluido simultáneamente en las categorías de preso político y preso de conciencia. Aleksandr Solzhenitsyn, Aung San Suu Kyi y Aminattou Haidar, encarcelados por su oposición política al status quo, han sido presos políticos, y el hecho de ejercer esa oposición sin practicar la violencia ni abogar por ella, les convertía asimismo en presos de conciencia.

El término “preso político” alude únicamente a una mera categoría de reclusos. Nada más. Es un mero término en el nivel descriptivo. No implica atenuación de responsabilidad ni atenuación moral en el nivel valorativo. Por tanto, la posible simpatía, empatía o antipatía hacia esas personas o su actividad no tiene nada que ver con su categorización. No obstante, desde ámbitos contrapuestos, hay quien lo usa como equivalente a una especie de justificación o comprensión de lo hecho como menos malo que la criminalidad ordinaria, por entender que esa motivación política ennoblece la acción. En términos del filósofo inglés George Edward Moore, se trataría de una falacia naturalista, donde se pretende desprender determinadas valoraciones favorables de unos hechos. En contraposición, hay quien afirma que el término no cabe en una democracia; lo cual es un síntoma de miopía, además de erróneo en el mejor de los casos. Es posible que haya quien niegue la existencia de presos políticos en una democracia como forma de negar a determinada categoría de personas encarceladas los derechos inherentes a la condición de reclusos de acuerdo con el derecho internacional. En este caso, no se trataría de miopía, sino de no querer ver. Afirmar que el hecho de utilizar el término es motivo para ilegalizar una opción política es querer hacer méritos en la ceguera, además podría ser atentatorio contra los derechos humanos; y más cuando en nuestro entorno no hay esa situación de violencia, que esperemos esté ya definitivamente en vías de superación.

Andrés Krakenberger Y Sabino Ormazábal, Asociación Pro Derechos Humanos Argituz

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