Que no pase desapercibido
Juan Ibarrondo, Hector Zalama, Juana Mari Astigarraga y yo firmamos este articulo de Argituz allá por marzo de 2013, en el que anunciábamos la buena noticia de que a partir de entonces sería posible presentar quejas individuales ante el Comité de Reclamaciones de Naciones Unidas con la aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre tantos recortes de derechos, una noticia ha pasado en gran parte desapercibida en los periódicos e informativos. El pasado 6 de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, informó sobre la pronta entrada en vigor –este verano- de un nuevo protocolo clave para un tratado internacional que, por primera vez, permitirá a las personas individuales -como usted y como nosotras y nosotros- presentar ante un Comité de la ONU reclamaciones en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, situando así esos derechos tradicionalmente minusvalorados en pie de igualdad con los derechos civiles y políticos. Tras la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte del décimo Estado en hacerlo –Uruguay, el pasado 5 de febrero-, empieza a correr el plazo de tres meses establecido para su entrada en vigor. El Estado español está entre los países que lo ratificaron previamente, por lo que deberá aplicar sus disposiciones.
El Protocolo incluye y perfecciona tres nuevas vías: el Procedimiento de Reclamaciones Individuales –Comunicaciones-, para personas o grupos que alegan violaciones a los contenidos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se instaura, en segundo lugar, un procedimiento de investigación que proporciona al Comité DESC (Derechos Económico Sociales y Culturales) de la ONU la facultad de realizar investigaciones de oficio. Y por último, se habilita un procedimiento de reclamaciones interestatales.
Cuando un Estado ratifica un tratado de derechos humanos, hace expreso su compromiso ante a la comunidad internacional de asumirlo como obligación legal; el problema es cómo lograr que los Estados lo cumplan. La gran novedad radica, por tanto, en la posibilidad de la demanda individual que permitirá a la ciudadanía acceder directamente al comité que controla dicho Pacto. Esta nueva vía es un paso de gigante. Y hay precedentes: por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya rompió en su momento el muro de control de los Estados para convertirse en un tribunal más al servicio de la ciudadanía europea. No fue así en los inicios de la andadura de dicho Tribunal, pero hoy en día sí. Y es esa demanda la que permite que el Convenio Europeo de Derechos Humanos se convierta en eficaz mediante la presión externa ejercida por los ciudadanos y ciudadanas hacia sus Estados, a los que se obliga a cumplir con los derechos humanos.
La noticia tiene, además, un especial interés vista la situación en el Estado español. El año pasado, el Comité DESC de Naciones Unidas informó sobre el “impacto negativo de la crisis económica – y sobre las respuestas del gobierno a la misma – en el disfrute del derecho al trabajo y a unas condiciones laborales decentes en España. Esta situación ha puesto en peligro la capacidad de una gran parte de la población para ejercer otros derechos, especialmente el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a una vivienda asequible. El deterioro de una amplia gama de indicadores sociales y económicos, incluyendo el marcado aumento de los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos, junto con los drásticos recortes en el gasto social, apuntan a un retroceso en los derechos arriba mencionados, con gravísimas consecuencias en la vida de las personas más vulnerables”.
Así las cosas, se abren puertas que sería interesante, y hasta necesario, atravesar. A falta de un análisis jurídico exhaustivo para ver qué fórmulas concretas se podrían utilizar, da la impresión de que, por ejemplo, asociaciones que trabajan contra la pobreza, o en defensa de las personas migrantes; y en general personas que consideren que se han vulnerado sus derechos sociales económicos o culturales, podrían reclamar por el incumplimiento del Estado español del citado tratado internacional. Y casos no van a faltar.
La primera forma de superar el momento económico, social y político que vivimos, ése que llamamos crisis, debería ser reconocer, de forma efectiva, y a todos los ciudadanos y ciudadanas sin distinción, el derecho a no ver recortados sus derechos legítimos. Siempre ha habido gente viviendo bajo el umbral de la pobreza sin tener ninguna culpa de ello. Ahora el problema se ha multiplicado y, por tanto, resulta más visible en nuestro entorno inmediato.
A partir de ahora contamos con otro instrumento para defender nuestros derechos económicos sociales y culturales, y además en el ámbito internacional, ámbito en el que los estados son muy sensibles. Por tanto, no hay que desdeñar el efecto disuasorio que este nuevo recurso puede tener en los propios estados.
La experiencia histórica demuestra que estas cosas tienden a ir desplegándose gota a gota pero acaban por horadar la piedra; la piedra de la injusticia social de las personas carentes de recursos económicos, marginadas y excluidas de nuestras sociedades. Contra todo pronóstico tenemos un nuevo aliado: que no pase desapercibido.
Andrés Krakenberger *
*Firman también este artículo Jon Landa, Juan Ibarrondo, Héctor Zalama y Juana Mari Astigarraga en representación de la AsociaciónPro Derechos Humanos Argituz.
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