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Ya no voy a la escuela y estoy bien de salud

Este artículo lo escribimos Xabier Urmeneta, Juana Mari Astigarraga, Jon Mirena Landa, Iñaki Lekuona y un servidor en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz allá por mayo de 2012. Queríamos resaltar que los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos de segunda división con respecto a los derechos civiles y políticos. Y que un recorte de derechos económicos, sociales y culturales puede llevar -y lleva de hecho- a un recorte de derechos civiles y políticos.

«TODOS los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos«. Así empieza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el conjunto de principios internacionales que genera derechos para toda la ciudadanía y debería garantizar el respeto de todos ellos; no solo de los derechos civiles y políticos, como a veces se cree, sino también de los económicos, culturales y sociales.

Qué duda cabe de que estamos esperanzados en lo que atañe a los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica, porque indudablemente la situación ha mejorado con el cese definitivo de la actividad armada declarado por ETA, el 20 de octubre de 2011, tras la Conferencia de Aiete. Pero resulta terriblemente preocupante la persistencia de denuncias de torturas y malos tratos, dentro y fuera del País Vasco, y parece que el Gobierno no se siente en absoluto interpelado, como si no fuera con él. Vemos alarmados también cómo la violencia de género no parece disminuir, sino que muestra síntomas de ir en aumento, ante la aparente incapacidad de las instituciones y la sociedad civil para lograr su erradicación.

Pero, además de derechos tan conocidos como estos, cabe recordar que el sistema fundamental de los Derechos Humanos se compone de una trilogía: la Declaración Universal de 1948 y los dos Pactos Internacionales de 1966, el de Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Todos ellos firmados y ratificados por el Estado español y plenamente vigentes. Repasemos, pues, otros derechos más olvidados.

Los derechos de reunión y de asociación pacíficas, junto con el derecho a la libertad de opinión y de expresión, se ven gravemente amenazados. La anunciada reforma del Código Penal contempla, entre otras cosas, criminalizar la protesta civil calificando la resistencia pasiva como «delito de integración en organización criminal», que podrá ser penada hasta con 4 años de cárcel y prisión provisional. Un atentado clarísimo a los pactos internacionales, que reconocen ampliamente dichos derechos básicos. Tampoco presagia nada bueno que esta reforma busque penalizar como «atentado a la autoridad» el «encadenarse» por los brazos durante una manifestación. Si además los recortes económicos o legales, por ejemplo, llegasen a limitar de facto el derecho al acceso a los tribunales cuando se violan nuestros derechos fundamentales, estaríamos en una situación muy cercana al autoritarismo puro y duro.

Todas las personas, también, tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que nos asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La Declaración afirma que mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, se deben satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad y al libre desarrollo de la persona.

En cambio nos dicen que hay crisis y que hay que apretarse el cinturón. Y además nos aseguran que los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, de unos 10.000 millones, no supondrán una merma de estos derechos. ¿Es creíble? ¿Cómo se van a mantener estos servicios de manera adecuada, con un acceso para toda la ciudadanía (incluidos los emigrantes, el gran chivo expiatorio de esta crisis propiciada por la especulación financiera) si se recorta tan drásticamente el presupuesto?

Olvidan que la propia Declaración establece que no cabe realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración, por lo que recurrir a la escasez de recursos para eliminar el derecho a una sanidad y una educación de calidad es una clara violación de los derechos humanos. Máxime cuando este argumento no se aplica con la misma contundencia a la hora de recortar gastos en Defensa o en la Casa Real.
Queremos recordar que las responsabilidades del Estado para garantizar estos derechos se miden en base a tres parámetros: la disponibilidad de los recursos públicos (que existan centros de salud, viviendas públicas, escuelas); el acceso a los mismos (que cualquier persona pueda acceder a ellas, independientemente de que viva en una u otra comunidad o localidad), y la calidad. Ningún sistema educativo ha mejorado despidiendo al profesorado y poniendo más alumnos y alumnas en las clases, ni ningún sistema sanitario funciona mejor cerrando quirófanos y alargando las listas de espera.

Pero parece que el Gobierno olvida que todo pacto internacional firmado y ratificado por el Estado tiene un rango legal superior a cualquier ley, excepto la Constitución. Y en lugar de defender esos derechos y cumplir con sus obligaciones hacia las ciudadanas y ciudadanos, solo le preocupan los mercados y los especuladores financieros y se limita a rendir cuentas ante ellos.

Parafraseando al Pastor Martin Niemöller, en su famoso sermón pronunciado en 1946 en Kaiserslautern: primero vinieron a por el derecho a la libertad de manifestación, guardé silencio porque no me suelo manifestar. Luego vinieron a por el derecho a la libre sindicación, pero tampoco me importó, no soy sindicalista. Ahora vienen a por el derecho a la sanidad y a la educación, pero no voy a protestar: ya no voy a la escuela y estoy bien de salud. Cuando vinieron a por mí, ya era tarde.

 

Por Andrés Krakenberger, * Junto a Xabier Urmeneta, Juana Mari Astigarraga, Jon Mirena Landa, Iñaki Lekuona, en representación de la Asociación pro Derechos Humanos Argituz.

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