Colaboración en la realización del informe con el Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco

El objetivo del informe consistió en avanzar sustantivamente en el análisis y reconocimiento de la realidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en el marco de la violencia política vivida en Euskadi y que no habían sido consideradas hasta ahora en las políticas públicas, basados en los derechos y libertades recogidos en la Constitución y con atención al derecho internacional de los derechos humanos.

Asimismo, en el informe se presentaron recomendaciones de medidas concretas a implantar por las instituciones competentes, en pro de un reconocimiento y reparación efectivo de las víctimas.

Para la elaboración de este informe nos remitimos a los derechos y libertades amparados por la Constitución, al derecho internacional que parecía de referencia y, en algunos casos, el soft law derivado de los principales organismos internacionales competentes en la materia.

El informe quiso ser técnicamente riguroso, pero en todo caso adaptó los principios y criterios técnicos a la finalidad última encomendada por el Parlamento: el reconocimiento en términos dignos y aceptables de todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos o sufrimientos injustos habidos en el marco de la violencia de motivación política.

El ámbito temporal del informe abarca desde enero de 1968 hasta junio de 2.010.

En dicho informe tuve la suerte de trabajar con personas como Sabino Ormazábal, Carlos Martin Beristaín, Iñaki Lekuona y Jon Landa

Puede acceder al informe completo a través de aquí